La planificación de la maternidad, un derecho humano en peligro si la reforma del aborto es aprobada
La contracepción estaba prohibida para todos. Vender, publicitar o informar sobre preservativos o acerca de la píldora, introducida en Europa en 1961, estaba penado con arresto y elevadas multas. Un hombre que vendía preservativos en un centro comercial fue condenado y en la sentencia se daban las causas del delito “vocación al vicio” y “ofensa a la moral pública”.
Aún así, algunas organizaciones de mujeres daban información sobre planificación familiar, y los anticonceptivos se conseguían de contrabando o, en el caso de la píldora, como tratamiento médico para “regular el ciclo menstrual”.
La Conferencia de El Cairo de 1994, que alertaba sobre la explosión demográfica, definió los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. También fijó metas para proporcionar a las mujeres poder decidir sobre su maternidad. Confesiones integristas condenaron esos supuestos “derechos”. Felizmente, la sexualidad se ha separado de la reproducción. Aunque la receta de abstinencia como único anticonceptivo sigue como propuesta oficial para los católicos. Los Papas Juan Pablo II y Benedicto Vl condenaron el uso del preservativo aún si uno de los cónyuges padecía alguna enfermedad de transmisión sexual. En muchos países métodos como el ogino o la marcha atrás, son la única opción para 250 millones de mujeres que no pueden acceder a una contracepción moderna: preservativos o anticonceptivos hormonales, píldoras, implantes, parches, o dispositivos intrauterinos, métodos que permiten que ellas no dependan de la arbitrariedad de sus parejas.
Ayuda a atajar embarazos no deseados, los abortos, y combate las enfermedades de transmisión sexual.
Muchos programas dedicados a la salud sexual se han recortado con la recesión económica, pero también influye la ideología, porque los grupos contrarios a los derechos reproductivos están agudizando sus discursos. No solo contra el aborto, sino contra la contracepción, y contra la educación sexual.
La nueva ley del aborto hará retroceder a España tres décadas en derechos reproductivos. Elimina la opción de las mujeres a decidir interrumpir su embarazo —posible ahora hasta la semana 14 de gestación— y permitirá el aborto solo por violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer. Esta ley supone un alejamiento de los modelos de la mayoría de la UE, donde la mujer puede abortar sin alegar ninguna razón durante las etapas tempranas del embarazo.